ACLU of Kentucky

Laspreguntas más frecuentes acerca de la ley de discriminación racial de Arizona

17 de mayo del 2010

¿Cuál es elproblema con la Ley SB 1070 de Arizona? 
Esta ley,promulgada el 23 de abril del 2010 por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer,requiere que los oficiales de la policía de Arizona exijan documentos quecomprueben la ciudadanía o condición migratoria de las personas a quienesintercepten, únicamente con base en una “sospecha razonable” indefinida de quese encuentran en el país de manera ilegal. Sin embargo, en los Estados Unidos,prevalece la presunción de inocencia, por lo que la ley pone dicha presunciónde cabeza.

Debido a que en lamayoría de los casos es difícil concebir que haya alguna manera de que a lasautoridades les surja la sospecha de que alguien se encuentra aquí ilegalmente,la ley incita claramente a la discriminación racial por parte de los oficialesde la ley, que tenderán a basarse en la apariencia de las personas para tenerla “sospecha” de que alguien no se encuentra en el país de manera legal. Poresto, la ley incita a la discriminación. 

Según esta ley, laspersonas con apariencia de “extranjeros” tienen una mayor probabilidad de quese les intercepte por infracciones menores, como tener las direccionalesquebradas, por cruzar la calle a pie de manera ilegal o tener el céspeddemasiado largo, y luego se les pueden pedir sus documentos si la policía cree,con tan solo mirarlos, que podrían encontrarse en los Estados Unidos de manerailegal.

Eso significa quetanto los ciudadanos como las personas que no son ciudadanas tendrán que portarpapeles en todo momento. Estas tácticas son clásicas de un estado policiaco,más comúnmente asociado con los gobiernos totalitarios.

¿Qué estáhaciendo la ACLU respecto a la ley? 
La ACLU, MALDEF (Mexican-AmericanLegal Defense Fund) y NILC (National Immigration Law Center), juntocon otros grupos de derechos civiles, han entablado una demanda legal contra laley en los tribunales federales para impedir que entre en vigor. La demandaacusa que la ley quebranta numerosas disposiciones de la Constitución de losEE.UU. Entre ellas destaca el hecho que contraviene la garantía de protecciónigual de la Decimocuarta Enmienda, ya que incita ilegalmente a ladiscriminación racial de los latinos y demás personas que tengan apariencia deextranjeros o hablen como ellos. Al interferir con la autoridad del gobiernofederal para regular y hacer cumplir las leyes de inmigración, también secontrapone a la cláusula de supremacía de la Constitución de los EE.UU.

¿De qué maneraprovoca la ley la discriminación racial?
Al requerir que todos los miembros de los cuerpos policiacos interroguen a laspersonas a quienes intercepten acerca de su ciudadanía o condición migratoria,si tienen una “sospecha razonable” indefinida de que la persona se encuentreilegalmente en el país, la ley SB 1070 alienta a la policía a basarse en laapariencia y en características como la raza, el origen étnico y el idioma. ¿Dequé otra manera podría un oficial de la policía llegar a tener la sospecha deque una persona se encuentra en el país de manera ilegal? No hemos sabido de unsólo ejemplo de motivo legítimo para tener este tipo de sospecha de parte deninguno de los promotores de la ley. El basarse en la apariencia de una personano es ni “razonable” ni constitucional.

Esta ley, de hecho,alienta la discriminación racial de dos maneras. Primero, las autoridadespodrían encontrar un motivo para interceptar a las personas debido a unainfracción muy menor con base en su apariencia, y luego exigirle susdocumentos. O bien, podrían pedirles que se detengan por un motivo libre deprejuicios y luego, con base en la apariencia y nada más, exigirles susdocumentos. Los estadounidenses incluyen a personas de todas las formas y tamaños,de todo tipo de culturas y etnias, de todos los rincones del mundo. Si unoconsidera la larga trayectoria de la discriminación racial en este país contrapersonas de quienes se sospechaba se encontraban en el país ilegalmente, es muyfácil ver cómo puede ocasionar abusos una ley que requiere que los miembros delas fuerzas del orden exijan documentos únicamente con base en sus sospechas.

Por último, si seutilizan a oficiales de la policía que no están capacitados acerca de lascomplejidades y debido cumplimiento de las leyes federales de inmigración, esinevitable que ocurra la discriminación racial, especialmente en Arizona. Bastapreguntarle a Julio y Julian Mora, un residente permanente legal y su hijo,ciudadano de los EE.UU., quienes fueron interceptados por alguaciles delCondado de Maricopa cuando circulaban por la vía pública y luego arrestados ytrasladados al lugar donde se efectuaba una redada de inmigrantes.

Durante tres años,el Alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha desplegado ciento dealguaciles y bandas de voluntarios a los barrios latinos, reuniendo a laspersonas en la calle, interrogándolas y arrestándolas en puntos de inspecciónde tránsito, incluyendo a muchos ciudadanos estadounidenses y residenteslegales, con base en la suposición de que podrían encontrarse ilegalmente enlos Estados Unidos. A pesar de las demandas por los derechos civiles y lainvestigación del Departamento de Justicia acerca de estas prácticas, Arpaio noha cesado. Una tercera parte de los residentes de Arizona ya viven en elCondado de Maricopa, y esta ley simplemente requeriría que todos los oficialesdel estado actuaran como los comisarios de Arpaio.

¿Por qué esque las enmiendas a la ley no impedirán la discriminación racial?

Los cambios a lapropuesta de ley que se introdujeron a la última hora, en respuesta a laindignación provocada por la discriminación racial, son superficiales y secrearon con la intención de ocultar el hecho evidente que, aparte de laapariencia, es difícil imaginarse otra manera de que un oficial de la leypudiera sospechar que alguien no se encuentra en el país de manera legal. ¿Quéotros factores podría utilizar? ¿El acento? ¿El idioma? ¿El hecho deencontrarse cerca de otra persona que reconoce que no tiene documentos de migración?¿Qué se “visten como extranjeros”?

Ya hemos visto estoen el Condado de Maricopa, donde habitan 2/3 partes de todos los residentes deArizona y la Oficina del Alguacil y bandas de voluntarios han efectuado redadasmasivas en los barrios latinos, arrestando a las personas en la calle yobligándolos a salir de sus autos por supuestas infracciones menores detránsito y cosas parecidas. Los ciudadanos y los residentes legales de losEE.UU. han sido discriminados de esta manera por el simple hecho que tienen laapariencia de que podrían estar presentes de manera ilegal. De hecho, la ACLUya representa a muchas personas que se encuentran en este país legalmente y quehan sido víctimas de la discriminación, incluyendo a Julio y Julian Mora,mencionados con anterioridad.

El pedir a losconductores que detengan su vehículo por su apariencia y luego buscar algúnmotivo para justificar el hecho que se les pidió detenerse, que no sea por suraza, no tiene nada de nuevo. Lo hemos observado antes en otros contextos. Alos afroamericanos se les ha hecho blanco de esta práctica por el simple hechode “conducir y ser personas de raza negra.” En estudios anteriores donde seanalizó el impacto de la policía participando en hacer cumplir las leyesmigratorias, se advirtió un aumento notable en las incidencias en que loslatinos han recibido multas por delitos menores insignificantes, y confrecuencia sin que se les llegue a procesar por estos delitos menores.

Si desea informaciónadicional vaya a www.acluaz.org/DrivingWhileBlackorBrown.pdf,para ver un informe de la ACLU titulado “el conducir y ser persona negra omorena,” el cual analiza datos de los incidentes en que se ha pedido aconductores que se detengan en Arizona y que muestra que los miembros deminorías étnicas tienen muchas mayores probabilidades de que los registren yque se les obligue a detenerse y registre durante periodos más prolongados.

¿Qué tiene demalo que la policía de Arizona haga cumplir las leyes de inmigración?
Como ya lo han reconocido varios funcionarios importantes de lasfuerzas del orden público, incluyendo la Asociación de Jefes de Policía deArizona, esta ley dañaría considerablemente la confianza que las autoridadesnecesitan de parte del público para proteger a los habitantes de Arizona, yenajenaría a los oficiales de la ley de las comunidades a las que sirven. Laley también obligaría a los oficiales de la policía a dedicar sus escasosrecursos a la investigación de amenazas falsas en lugar de la aclaración de losdelitos graves. El sistema de justicia penal se debilitaría debido a que lasvíctimas de la delincuencia serían más vulnerables y no estarían dispuestas adenunciar los delitos y los testigos tendrían miedo de cooperar por temor a quese les investigue. La policía local se vería en la difícil situación de basarseen los prejuicios y la discriminación racial, al pedirle a alguien que parezcao suene como extranjero que compruebe si es ciudadano o inmigrante legal.

Además, las pocasinstancias en que el gobierno federal ha delegado el cumplimiento de las leyesde inmigración a las autoridades locales en Arizona, conforme al programafederal 287(g), han tenido resultados desastrosos, ocasionando ladiscriminación legal y otros atropellos a los derechos y libertades civiles. Lajefatura del alguacil del Condado de Maricopa ya está siendo investigado por elDepartamento de Justicia de los Estados Unidos y la ACLU ha entablado dosdemandas que impugnan concretamente la discriminación contra los conductoreslatinos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y residentes respetuosos delas leyes, por acoso y atropello de sus libertades civiles.

¿Qué significatener la “sospecha razonable” de que alguien se encuentre en el país ilegalmente?
Nadie, ni el gobernador que firmó la ley para que se promulgase,ha dado una buena explicación de lo que esto significa en el contexto de laley. ¿Cómo se supone que un policía que hace sus rondas debe identificar aalguien que se encuentre en los Estados Unidos sin permiso, con el simple hechode mirarlos? Por lo general, “sospecha razonable” es un término legal quedescribe las circunstancias bajo las cuales un oficial puede impedir quealguien se aleje caminando o conduciendo. Es más que una mera sospecha yrequiere que un oficial se base en hechos objetivos que le hagan creer que seha cometido o que se está cometiendo un delito. La discriminación generalizadaque hemos visto en el Condado de Maricopa, incluso desde antes que sepromulgara la Ley SB 1070, aunado al hecho que no se han dado los motivoslegítimos para poder formular dichas sospechas en este contexto, no nosinspiran la confianza de que ésta sea una norma aplicable en Arizona, para estetipo de ley.

¿Cuál es ladiferencia entre esta ley y la ley federal?
La ley de Arizona va mucho más allá que las leyes federales,dado que hace obligatorio para todos los policías y alguaciles del estado queexijan documentos de las personas a quienes intercepten y consideren que seencuentren en el país sin permiso. En la ley federal no existe dicho requisito.Esta ley pone de cabeza la suposición de inocencia y obliga a los oficiales dela ley a que exijan a las personas en la vía pública que comprueben que sonciudadanos estadounidenses, o al menos que se encuentran legalmente en el país.La discriminación racial que fomenta esta ley, con su norma indefinida de loque constituye la “sospecha razonable” de que alguien se encuentre ilegalmenteen el país, contravendría la garantía constitucional de protección igual bajola ley, así como las garantías federales a los derechos civiles.

Hay varias manerasen que la ley de Arizona se contrapone directamente a las leyes federalesrespecto a la regulación y cumplimiento de las leyes migratorias. Como factordeterminante, la Ley SB 1070 supone que la ciudadanía o condición migratoria delos individuos se puede determinar con facilidad, independientemente de losprocedimientos administrativos tan complejos que se han establecido bajonuestras leyes de inmigración. Sin embargo, esto es falso. Además, la ley deArizona impondría sanciones estatales distintas contra las personas a causa desu conducta, como el permiso para trabajar en los Estados Unidos, lo cual estáreglamentado directamente por las leyes federales. No sólo es estoanticonstitucional, según la cláusula de supremacía, sino también es malapolítica, dado que los Estados Unidos no puede tener un enjambre de leyes deinmigración contradictorias, dependiendo del estado donde uno se encuentre.

Los proponentesde la ley alegan que no está supeditada a las leyes federales debido a que setrata de “hacer cumplir la ley de manera concurrente”, lo cual es legal. Enotras palabras, dicen que simplemente se trata de hacer cumplir las leyesfederales. ¿Qué se puede decir ante eso?

Esta ley no trata dehacer cumplir las leyes federales, sino de crear leyes estatales nuevas y unsistema estatal nuevo, que requiere que la policía y comisarios locales lepidan a las personas que se detengan para pedirles sus documentos, de unamanera que fomenta la discriminación racial de los latinos y de otros supuestosinmigrantes. Además, la Ley SB1070 penaliza conducta que no es delictiva bajolas leyes federales, como el hecho de trabajar sin permiso de trabajo.

Los proponentes deesta ley han desplegado su llamada doctrina de “hacer cumplir la ley de maneraconcurrente” al defender las leyes de vivienda anti-inmigrantes de NuevaJersey, Pensilvania, California, Missouri y Texas, y en cada uno de esos casos,las restricciones a la vivienda han sido anuladas por los tribunales. Sin duda,la aún más extremosa Ley SB 1070 tendrá el mismo destino.

¿Qué no es yaun delito no portar documentos? Mientras que hayleyes federales que exigen que ciertas personas que no sean ciudadanos portendocumentos que les expide el gobierno federal, las disposiciones federales alas que alude esta propuesta de ley no exigen lo que Arizona exige con estaley. Los funcionarios federales de inmigración han sido capacitados pararevisar documentos de inmigración en circunstancias específicas, cuando seencuentran con individuos que ellos saben que no son ciudadanos. Ellos noabordan a individuos con apariencia de inmigrantes para pedirles que muestrensus documentos. De manera similar, y por muchas buenas razones, las leyesfederales no exigen que los policías que hacen sus rondas, a quienes no se hacapacitado siquiera en las complejidades de las leyes de inmigración, le pidana las personas que se detengan para pedirles que les muestren sus documentos.

¿No estaría usted de acuerdo que el estar en este país demanera ilegal es un delito? ¿Qué no esperamos que los oficiales de la leyimpidan que se cometa un delito?

Esta ley convertiría a Arizona en un estado policiaco dondetodos los residentes latinos, y otros que parecieran o hablaran comoextranjeros, serían tratados como posibles sospechosos de un delito. Laspolíticas migratorias federales son muy complejas y conllevan sanciones tantociviles como penales. El Congreso ha elegido no calificar como delito la merapresencia en los Estados Unidos sin permiso. Eso fue lo que motivó las marchasde millones de personas en todo el país en el 2005. No hay nada que impida quela policía investigue la conducta y la actividad verdaderamente delictivadentro de los límites de la Constitución. Esta ley de Arizona es contraria alespíritu del estadounidense porque es excesiva y debilita nuestros valores deequidad e igualdad para todas las personas.